UN TEXTO DE ALEJANDRO PÁEZ VARELA,
PUBLICADO EN NEWSWEEK EN ESPAÑOL

El 16 de abril pasado, al mismo tiempo que el mundo se conmovía por el asesinato de 32 inocentes en la universidad Virginia Tech de Estados Unidos, los medios mexicanos de Internet se debatieron, durante todo el día, en su terrible dilema: si destacar la noticia de aquella carnicería (como lo hicieron los portales a nivel internacional), o dar prioridad al hallazgo de 22 individuos ejecutados –algunos de ellos militares– en diferentes regiones de su propio país, resultado de escacas 24 horas en la guerra que libran los grupos del crimen organizado, policías locales y federales y el Ejército de México a causa de las drogas.
Empresas de medios como EL UNIVERSAL, REFORMA, LA JORNADA, MILENIO o EXCÉLSIOR, las de mayor prestigio en el diarismo de la capital mexicana, resolvieron el conflicto noticioso en tiempo real: fueron alternando ambos acontecimientos en las portadas de sus sitios web durante el día. Pero a la mañana siguiente, en sus versiones impresas del 17 de abril, se convirtieron en un catalizador del nivel de preocupación que se vive a nivel doméstico: tres destacaron como notas principales la sangrienta jornada del narcotráfico; uno más prefirió un asunto sindical, y el restante, sólo uno de cinco, optó por la matanza de Virginia como el tema más destacado del día anterior.
Desgraciadamente, este botón es sólo una muestra de la realidad con la que México padece el 2007. El día en el que el coreano Cho Seung Hui disparó contra inocentes en Estados Unidos, en suelo mexicano, además de los 22 ejecutados, un periodista del estado fronterizo de Sonora, Saúl Noé Martínez Ortega, de 35 años, fue secuestrado por un comando armado frente a un cuartel de policía, mientras que en otro punto del norte de México 100 agentes municipales, estatales y de la Policía Ministerial, eran esposados en siete poblaciones de Nuevo León por posibles relaciones con el narcotráfico.
El cuerpo descompuesto del periodista apareció días después a muchos kilómetros de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, en donde fue “levantado” –sinónimo de “secuestrado por el narco”–; la autopsia reveló que había muerto a golpes; sus asesinos burlaron varios retenes y lo transportaron hasta el vecino estado de Chihuahua para tirarlo. Los 100 agentes, y otros más que se han acumulado en pocos días, permanecen detenidos. Así de dura es la actualidad en México. Las autoridades no aportan datos exactos; pero por declaraciones dispersas y cálculos de los medios, se estiman entre 800 y 900 los muertos por hechos relacionados con el narcotráfico, del 1 de enero al 15 de abril de 2007. Es decir, en tres meses y medio.
La extendida jornada de violencia causada por la guerra de las drogas, que a diario arroja muertos de un bando y de otro, es la peor que se recuerde en la larga campaña del país contra los traficantes. No por nada México se convirtió el país de más alto riesgo para el oficio de periodista después de Irak, según organismos internacionales.
Ahora lo que más preocupa, a razón de los eventos y los resultados de las acciones de gobierno, es que el Estado echó cartas que se había reservado durante décadas. Felipe Calderón, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006, hizo lo que ningún otro mandatario: sobreponer el combate al narcotráfico a todas las estrategias nacionales y plantearlo como la tarea central. También por primera vez, el gobierno central entregó el paquete al Ejército mexicano, institución de alto prestigio en el país (las encuestas comparan su validación junto con la Iglesia católica, por ejemplo), cuya capacidad y efectividad está ahora en juego.
Calderón, quien ganó con estrecho margen las elecciones, se inauguró utilizando a las Fuerzas Armadas como pilar en su aparente plan de validación (NEWSWEEK EN ESPAÑOL, 22 de enero de 2007). Y ya cumplió casi cinco meses al frente del gobierno. Muy pronto la oposición política intentará acorralarlo con los resultados del arriesgado plan, si es que no son positivos. Además el país se ha vuelto más sensible en estos años. Soportó 70 años de discursos triunfalistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ahora confía más en su percepción diaria sobre materias como la inseguridad. Las calles le dirán si hay o no avances.
Todavía más adverso será para el joven mandatario la reacción de la sociedad civil, más organizada, más activa y demandante, cuando le exija que cumpla la promesa de ser el presidente de la mano firme, el de la seguridad, dos asignaturas en las que su antecesor, del mismo partido, falló.
Un plazo sicológico acosa al presidente: el 1 de junio, dentro de unas semanas, cuando cumpla los primeros seis meses de gobierno. Si su plan para someter al narcotráfico no convence, los reclamos caerán como lluvia. Y entre la lluvia tupida, vendrá un granizo de a kilo: haber usado a las fuerzas armadas. ¿Valía la pena sacar al Ejército a las calles para enfrentarlo con el poder de los narcotraficantes? ¿Fue sabio Calderón al exponer el prestigio de la Institución? ¿Hizo bien sus cálculos al usarlos como herramienta política para la validación de su mandato?
¿A quién se tendrá qué recurrir, si el último recurso fracasa?

RÍOS DE SANGRE
A causa del narcotráfico, México ha padecido repuntes de violencia en diferentes momentos durante las últimas décadas. Cárteles como el de Tijuana, el del Pacífico, el de Juárez, el de Sinaloa, el de Guadalajara y, más recientemente, el del Milenio, han protagonizado luchas intestinas y purgas que también han tocado a los agentes del gobierno. Pero nunca como ahora. Esta nueva guerra tiene matices inéditos que la hacen ver como la más cruenta y encarnizada.
Los grupos criminales han extendido su campo de batalla (lo que supone que también han expandido sus redes de tráfico) a casi todo el país. Durante décadas se pelearon las calles de ciudades enclavadas en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. En la pasada administración, con Vicente Fox, se extendieron a Nuevo León, cuya capital, la rica ciudad industrial de Monterrey, había estado ausente de las ejecuciones y atentados contra policías. Además acentuaron su disputa por la capital, el Distrito Federal; por Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Michoacán, Jalisco y Veracruz. Llevaron la intranquilidad a entidades pacíficas, como Aguascalientes y Querétaro.
Los cárteles han sacado a relucir armas cada vez más poderosas, evidenciando su estrecha relación con un mercado negro de altos vuelos. En un derroche de atrevimiento, en abierto reto al poder del Estado representado ahora en el Ejército mexicano, atacan cuarteles con granadas y rifles de asalto; usan chalecos altibalas, llevan uniformes de las fuerzas oficiales y recurren a equipo militar, como los lanzagranadas. Cada vez es más común el decomiso de explosivos plásticos, por ejemplo, o de equipos de vigilancia sofisticados a los que antes tenían acceso sólo las unidades de inteligencia del gobierno.
Los asesinatos se han tornado más violentos y descarados. Emulando tácticas de los grupos islamistas radicales de Medio Oriente y Asia Central (Al Qaeda, los Talibán), degüellan a sus oponentes, sicarios o agentes policiacos, y les toman videos terroríficos que luego filtran a la prensa o suben a la red. Cabezas de traficantes y policías, supuestos “soplones” o simples civiles acusados de “colaboradores”, aparecen junto a carreteras y las han llegado a lanzar a salones en los que se desarrollan fiestas (como sucedió en un pueblo de Michoacán) o las han colgado en las rejas del edificio del poder local, como pasó en la turística ciudad de Acapulco.
Se han atrevido a publicar en diarios regionales amenazas o “anuncios”. Tienen redes de radiocomunicación con claves cifradas propias. Usan redes de Internet como Youtube o Google para mandarse mensajes, o para abrir debates en los que defienden a sus jefes o a sus organizaciones con el fervor que antes parecía reservado a los hinchas del futbol.
Asesinan a funcionarios, a policías, a investigadores, y a elementos del Ejército. Han intentado matar, incluso, a generales y diputados, algo impensable hace muy pocos años.
Atentan contra las oficinas de la prensa y contra su personal, y han convertido a México –según Reporteros sin Fronteras, la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de Prensa–, en el país más peligroso para los periodistas después de Irak. Y más lejos: han llevado a que muchos periódicos mexicanos anuncien que no harán más investigación sobre terrenos del narcotráfico, para no acarrearse atentados, en un país en el que los autores de desapariciones o ejecuciones de periodistas jamás son llevados ante la justicia.
El crimen organizado ha aprovechado bien la impunidad. En lo que va de 2007 ya desaparecieron a un reportero del diario Tabasco Hoy, Rodolfo Rincón Taracena; mataron a Martínez Ortega en Agua Prieta, y ejecutaron en Acapulco a Amado Ramírez, corresponsal de la mayor cadena de televisión de habla hispana, Televisa.
A principios del mandato de Calderón fueron extraditados a Estados Unidos jefes narco detenidos en administraciones anteriores. Casi a diario, las policías federales y los militares anuncian el arresto de células criminales o decomisos de droga. Sin embargo, estas acciones, que se publicitan de manera espectacular, no parecen ser suficientes.
Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Beltrán Leyva, Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán (este último fugado de prisión en el gobierno de Vicente Fox), Heriberto Lazcano, y otros identificados como las cabezas de los grupos más poderosos (y no de células operadoras) siguen en libertad. Y parecen ganar fuerza y espacios a diario porque en ese mundo, como en ninguno otro, lo que no mata fortalece: cada arresto y cada grupo desmantelado beneficia al que está agazapado, a la espera de su turno.
Flaco favor le habrá hecho Felipe Calderón al Ejército si su decisión de involucrarlo en la guerra falla. Como pocas veces, las fuerzas armadas tienen comprometido su prestigio a resultados tangibles, creíbles y definitivos.

EL PILAR DE LA ESTRATEGIA
Limitar el uso del Ejército en ciertas tareas tiene historia en México, y raíces muy profundas. Se remonta a Benito Juárez, un presidente elevado a icono. En el ámbito doméstico y en el internacional, las fuerzas armadas han sido sustraídas durante más de un siglo de tareas que en casi cualquier nación asumirían de manera “natural”. El país no aportó soldados a la Primera Guerra Mundial, y entró hasta 1942 a la Segunda conflagración sólo después de que dos de sus barcos petroleros fueran hundidos por la Alemania nazi. En tiempos modernos capoteó las presiones para que jugara un rol activo en las guerras de Afganistán y de Irak, a pesar de las presiones ejercidas en su momento por el principal socio comercial y vecino, Estados Unidos, y asumiendo las consecuencias de un enfriamiento en las relaciones bilaterales, que habían jurado, meses antes, un estrechamiento sin precedentes.
En política interior, el cuerpo armado tuvo enorme poder después de la Revolución de 1910. A pesar de que el país fundó la modernidad en los líderes militares, éstos fueron desplazados de actividades civiles en un proceso que duró casi 50 años, y para finales de los 60 ya no asumieron carteras políticas (como la presidencia del gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, entregada en 1966), o de gabinete, que durante la primera mitad del Siglo XX le fueron permitidas, más allá de la cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional, su ámbito natural.
Y de igual manera, casi con la misma determinación, el Ejército fue excluido de la lucha contra el narcotráfico. Aunque contenerlo en estas tareas no está inscrito en principios ideológicos que se aplican en conflictos internacionales (la alternativa por la autodeterminación de los pueblos y la llamada “Doctrina Estrada”); pese a que tampoco era parte de la inercia moderna de separar a los militares de la vida civil y política, el combate al narcotráfico le estaba vetado. Hasta el gobierno de Felipe Calderón. En el pasado, las fuerzas armadas participaron, sí, en operativos conjuntos, como el que derivó del asesinato sobre suelo mexicano, en 1985, del agente encubierto de la DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique “Kiki” Camarena. En aquellos años, los gobiernos de México y Estados Unidos entraron en una confrontación sin precedentes para la que el entonces presidente Miguel de la Madrid no dudó en disponer de los militares. Policías y comandantes civiles, oficiales y soldados acabaron en unos años con una generación de criminales y dieron golpes espectaculares. Pero una vez alcanzados objetivos, por lo menos ante la opinión pública –y cuando menguó la presión de Washington– el ejército fue regresado a los cuarteles y la atribución fue reconfirmada a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los motivos para no involucrar a los militares en el combate a las drogas fueron muchas; varios de ellos aplican todavía hoy. Se entiende mejor en su contexto. Por ejemplo: entre los años 70, 80 y 90, con una creciente insurgencia, México fue señalado en Estados Unidos y en Europa como una dictadura disfrazada por el poder hegemónico del PRI y la falta de apertura para la oposición. Sacar al Ejército a las calles entonces, aunque fuera con la intención de desarticular al crimen organizado, habría confirmado sospechas y acarreado fuertes señalamientos del exterior, y no se diga internamente.
En las décadas 60 y 70, el país vivió un brote de descontento social que en el terreno urbano llevó al asesinato de estudiantes en octubre de 1968; en el campo se reportaron levantamientos armados de guerrillas que también fueron aplastadas, como la de Genaro Vázquez o la de Lucio Cabañas. Si las fuerzas armadas, acusadas de opresoras, hubieran sido abanderadas oficialmente –hay que recordar que la llamada “guerra sucia” contra los guerrilleros era “extraoficial”– para combatir el tráfico de drogas, habrían sido llevadas a Guerrero, Oaxaca y otros estados del sur en donde se siembra amapola y mariguana desde hace décadas, pero en donde se concentraba la gran mayoría de los focos de resistencia campesina, cuyo combate clandestino arrojó quejas por violaciones de derechos humanos que todavía no terminan de aclararse.
Otra razón para no meter al Ejército en el combate de las drogas fue, durante años, el temor a que sus oficiales fueran corrompidos por el dinero del narcotráfico. El análisis de los últimos años confirman que es posible. Generales como Jesús Gutiérrez Rebollo, Francisco Quirós y Mario Arturo Acosta Chaparro, y otros oficiales de mediano rango, fueron comprados por poderosos narcotraficantes en los 90 y dieron a las fuerzas armadas una mala fama que no necesitaba: finalmente, la guerra contra las drogas no era la suya. Fueron llevados a juicio, pero la herida quedó abierta. Aunado a lo anterior, otro fenómeno reciente alimentó más esta variable de la duda: los “Zetas”. Según varios reportes y declaraciones de los mismos detenidos, muchos de los miembros de esta organización paramilitar al servicio del Cártel del Golfo que comandaba Osiel Cárdenas –quizás la más sangrienta que se tenga memoria– son soldados u oficiales desertores del Ejército.
Pero de todas las razones que hubo para mantener al Ejército fuera del combate a los narcotraficantes, una se mantuvo casi completamente acallada. Si una Institución del Estado mexicano no podía ponerse en duda, era justamente las Fuerzas Armadas. Y ahora está en duda si cumplirá con éxito la tarea asignada por el presidente de México. Frente al crecimiento de la violencia y la radicalización en los métodos de los narcos para ejecutarse entre ellos o atentar contra el Estado, una pregunta llegará, inevitablemente: ¿Puede, el Ejército, con el narcotráfico? Y si la respuesta es no, a seis meses o a un año de habérsele involucrado, vendrá la otra pregunta derivada: ¿valió la pena exponerlo a un fracaso, después de mantenerse como uno de los pilares de la Presidencia de la República, como Institución fundamental de los mexicanos?

EJÉRCITO POPULAR
A diferencia de muchas otras fuerzas armadas en América Latina y en el mundo, y a pesar de sus altibajos en algunos momentos del Siglo XX, el Ejército mexicano es considerado una Institución con gran arraigo popular. México cruzó por una revolución que permitió la refundación del país, y los militares fueron pieza central en el proceso. De sus filas han salido personajes de gran presencia: Lázaro Cárdenas, por ejemplo, gobernó de 1934 a 1940 y sigue siendo un personaje tan respetado que en algunas regiones de México aún hoy se le llama “tata”, es decir, “padre”. Además, el Ejército está formado por gente del pueblo, y la carrera militar es una opción viable para escalar en la sociedad, algo que no se ve en otras fuerzas armadas, que son usadas para dar carrera a los hijos de las élites. El ejército de Chile es un buen ejemplo de ello.
Los narcotraficantes han enlutado a miles de familias durante años, y aunque en algunas regiones son protegidos, las encuestas dicen los mexicanos respetan la autoridad moral de sus fuerzas armadas. De hecho, según la encuestadora Parametría, 89% de los mexicanos estuvo de acuerdo en enero de 2007 en que el Ejército participara en la lucha contra las drogas… aunque eso no quita que mantengan sus dudas sobre el resultado de la actual campaña: en enero de 2007, 49% de los mexicanos consideraba que los narcos podían ser controlados, contra un 44% que opinaba que no. A marzo, la percepción cambió: 50% cree que no pueden ser sometidos, y un 46 piensa que sí.
Esto dimensiona qué tan importante es, no sólo para Felipe Calderón, sino para los mexicanos en general, que esta guerra sea ganada por el Ejército.
Los fracasos de las policías civiles en el combate al narcotráfico siempre se diluyen. Pocos recordarán quiénes fueron los estrategas de las políticas contra el crimen organizado en los 80, o en los 90, por decir. Pero el fracaso de los militares cuenta como derrota de un ejército. Y las derrotas de los ejércitos no se borran tan fácilmente: hay que pensar en cómo se ha mantenida viva en la memoria –usando al ejército estadounidense como ejemplo– la guerra de Vietnam; o cómo impacta hoy la evolución del conflicto en Irak.
De allí que cada vez sea más urgente para el Ejército mexicano y para su Comandante Supremo, Felipe Calderón, mostrar resultados contundentes. A la voz de ya.